Cuatro organizaciones argentinas que integran el programa Humedales sin Fronteras enviaron un pedido de intervención a la Organización de Naciones Unidas -ONU- ante la emergencia socio-ambiental que atraviesa nuestro país a partir de las incesantes quemas que se desarrollan desde hace meses en diversas provincias.

La nota fue realizada por Fundación CAUCE, Fundación Ambiente y Recursos Naturales -FARN-, Casa Río y Taller Ecologista y está dirigida al Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de la ONU, doctor David R. Boyd.

Inacción gubernamental «desesperante»

«Los incendios en el Delta persisten y se agravan. Después de ocho meses de grandes quemas, la inacción gubernamental, a todos los niveles, ya es desesperante. Inacción que se trasunta en la falta de cooperación, provisión de información completa y toma de decisiones institucionalizada y participada. A esta altura, la disposición de recursos económicos y personal para apagar incendios resulta en ocasiones deficiente», subrayaron en la nota.

En en pedido, las organizaciones detallaron que desde el pasado mes de febrero vienen advirtiendo sobre el riesgo de una nueva crisis de incendios, dada la sequía y la bajante extraordinaria del río Paraná.

«Solo en el Delta del Paraná se han registrado hasta el momento cerca de 25 mil focos, que afectaron 300.000 hectáreas. Estos hechos impactan severamente en la biodiversidad, así como en la salud y seguridad de las personas que habitan especialmente en el sector de islas del Delta del Paraná, así como también las y los habitantes de ciudades cercanas como Rosario, la tercera urbe más poblada del país», indicaron desde CAUCE.

Asimismo, mencionaron que, pesar de las órdenes judiciales dispuestas por el Juzgado Federal N° 2 de Paraná  y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las quemas en el Delta persisten y se agravan.

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«También informamos que los incendios intencionales alcanzan a provincias del centro y norte argentino, como Chaco, Formosa, Tucumán, Corrientes, Santiago del Estero y Misiones. Destacando que la situación de Córdoba -al momento de redacción de la nota-, es gravísima, con incendios fuera de control y claramente direccionados», añadieron.

“Estos sucesos trágicos de los que damos cuenta dejan expuesta la ausencia de un control de actividades antrópicas por parte de las autoridades competentes, y la débil institucionalidad ambiental para la gestión sostenible de los ecosistemas y bienes naturales que estos alojan. En definitiva, las consecuencias que trae aparejado el hecho que lo ambiental no sea política de Estado ni esté en las plataformas políticas como una prioridad”, sostuvieron en el pedido.

“No ha habido constitución alguna de comités de crisis, ni impulso de un fuerte trabajo territorial multisectorial esencial para llegar a arreglos mínimos de corto plazo con el sector productivo, que irresponsablemente o intencionadamente lleva adelante quemas en las condiciones reinantes, para avanzar en acordar formas de producción que aseguren la sostenibilidad de la integridad ecológica de los ecosistemas”, afirmaron las organizaciones ambientalistas en la nota.

Leyes que no se cumplen

Por otro lado, en el pedido enviado a la ONU, las organizaciones remarcaron que existen leyes que no se cumplen o que se cumplen de manera parcial y están «sistemáticamente desfinanciadas». Se trata de la Ley 25.675 General del Ambiente, la Ley 26.331 de Bosques Nativos y la Ley 26.562 para el Control de Actividades de Quemas.

“Por su parte, el costo económico que supone para el Estado nacional y las provincias apagar los incendios es enorme, además de los riesgos que ello trae aparejado para la salud y la vida de brigadistas, en buena parte voluntarios”, señalaron.

“A esto se suma la ausencia de procesos de ordenamiento ambiental del territorio; la inactividad de instancias institucionales regionales, multisectoriales y participativas; respuestas gubernamentales muchas veces demoradas o inoportunas, cortoplacistas y no estratégicas; y un escenario de pandemia, cuarentena y distanciamiento social que traen dificultades y grandes desafíos para realizar controles en el territorio y asegurar el estricto cumplimiento de la normativa de protección ambiental, el acceso a la información y una participación ciudadana efectiva”, sostuvieron.

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“Creemos que estas palabras que le hacemos llegar por la presente nota no solo representan el sentir de nuestras organizaciones, sino que también interpretan el sentir de los movimientos de jóvenes que nos demandan un mundo muy distinto del que hoy les estamos legando; así como el sentir de la gente que vive, trabaja, produce, conoce y quiere a nuestros humedales, pastizales, bosques, con la que colaboramos codo a codo, día a día”, destacaron.

“Hemos hecho en los últimos meses, y seguimos haciendo cada día en articulación con diversidad de grupos y personas, toda una serie de esfuerzos en diversos planos, y advertimos ahora como un paso necesario el requerirle formalmente a su persona que intervenga con suma urgencia ante esta crisis socioambiental reinante en Argentina, en apoyo a la lucha de años de la sociedad civil por la sanción de una Ley Nacional de Humedales y una efectiva implementación de la Ley de Bosques Nativos, entre otra legislación socioambiental, así como por la salvaguarda de los derechos de pueblos originarios y comunidades locales, tradicionales e isleñas, y en general de toda la ciudadanía argentina”, concluyeron.


 

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