Por unanimidad, el Senado mexicano aprobó el jueves 5 de octubre la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú.

Así, México se convirtió en el undécimo país en ratificarlo, el requisito mínimo para que el acuerdo entre en vigencia. No obstante, el tratado no será una realidad hasta 90 días después de que los 11 países que lo ratificaron hayan depositado el instrumento de ratificación en Naciones Unidas -ONU-.

«En México, como en otros países y la región entera, queda mucho por avanzar para una verdadera protección de personas defensoras, así como para el verdadero acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental, de allí la importancia y la necesidad del Acuerdo de Escazú», dijo Astrid Puentes, codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente -AIDA- a DW.

«Escazú tiene el potencial de cambiar las reglas del juego, esperamos que nos ayude a volcar la trágica tendencia al alza de asesinatos a defensores y líderes ambientales que ha caracterizado a la región en las últimas décadas», consideró Carmen Capriles, coordinadora General de Reacción Climática, organización boliviana participante en las negociaciones del tratado regional.

¿Y el resto de ratificaciones?

Argentina fue el décimo país en ratificar el acuerdo, el pasado 24 de septiembre. Previamente, lo habían ratificado Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.

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Perú tuvo la oportunidad de dar este paso histórico hace un par de semanas, pero la desinformación jugó en contra. «Solo se presentaron los puntos que vulnerarían el Acuerdo, como la pérdida de la soberanía, afirmación desmentida en el mismo texto que reconoce en el artículo 3 la soberanía de los Estados sobre los recursos naturales», dijo Aída Gamboa, del Programa Amazonía de la organización peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales -DAR-.

No obstante, aseguró que «la sociedad civil todavía tiene la oportunidad de seguir realizando incidencia durante la próxima legislatura del Congreso peruano», confiando que dicha acción sea fructífera. En esta línea se manifestó Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA, pues «pese a que Chile no ha firmado el Acuerdo de Escazú, tenemos una gran oportunidad de integrar sus derechos en la nueva Constitución» que comenzará a ser redactada en 2021, pues actualmente los defensores ambientales están «desprotegidos».

Próximos pasos

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe -Cepal-, que se encargará de supervisar el cumplimiento del Acuerdo, ha convocado a la Segunda Reunión de Países Signatarios del 9 al 10 de diciembre en Antigua y Barbuda.

«De igual manera se espera que pronto se tenga la fecha de la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, donde podrán participar los 33 países de la región», dijo Capriles, apuntando que se espera que esta primera conferencia «sea el primer paso para que los países de la región incrementen los compromisos ambientales y garanticen los derechos humanos de los defensores y de las organizaciones involucradas».