La Cámara de Diputados de la Nación sancionó la ley que establece la formación integral en materia de medioambiente para las personas que se desempeñen en la función pública. La norma es conocida como Ley Yolanda.

¿Quién fue Yolanda?

Yolanda Ortiz falleció en 2019 a los 94 años. Oriunda de Tucumán y especialista en química, fue la primera titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina en 1973, y la primera mujer en ejercer un cargo de esas características en América Latina.

Una de sus primeras medidas al frente de la Secretaría fue poner el ojo en las industrias, que debían declarar el manejo que harían de sus desechos, aunque su gestión duró poco, hasta la muerte del entonces presidente Juan Domingo Perón.

En 1992 aceptó asesorar a la Secretaría pero de manera ad honorem, cuando fue convocada para ayudar a la delegación argentina en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. «Hay que pasar del ego, del individualismo, que corrompe, al eco”, reflexionó en una entrevista realizada en 2015.

¿Qué establece la Ley Yolanda?

  • Se deberán capacitar en medioambiente, «con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático» todos los empleados de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
  • La autoridad de aplicación deberá establecer, dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley, los lineamientos generales destinados a las capacitaciones, procurando que se incorporen tanto las dimensiones de sensibilización como de transmisión de conocimientos.
  • Se deberá garantizar la participación de instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones, en el proceso de confección de los lineamientos generales.
  • «Los lineamientos generales deberán contemplar, como mínimo, información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también información relativa a la normativa ambiental vigente».
  • Las personas que se nieguen «sin justa causa» a realizar las capacitaciones «serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación». El incumplimiento de esa intimación «será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente».

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